En la mañana de ayer la legisladora Daniela Agostino, en nombre del Bloque de Legisladores de la Concertación para el Desarrollo, se presentó en las oficinas del INADI de San Carlos de Bariloche para realizar una denuncia contra la Secretaría General del Poder Ejecutivo de Río Negro, a cargo de Julián Goinhex, y otros funcionarios del gobierno provincial relacionados con las denominadas "listas negras" de personal del Estado provincial
Allí se señala su condición de afiliación política opositora como un dato determinante al momento de garantizar su continuidad en el empleo. Además se realizaron dos presentaciones más en el mismo sentido, ante la Defensoría del Pueblo y ante la Fiscalía de Investaciones Administrativas.Agostino fue recibida por el Delegado del INADI Río Negro Julio Accavallo y la asesora letrada Dra. Nadina Moreda, a quienes se les entregó la denuncia formal con copias de listados en formato digital, impresas y lo publicado al
respecto en medios de comunicación. Esta documentación será elevada a INADI Buenos Aires a fines de ser evaluada para un posterior dictamen.
Esta presentación surge de la publicación en diversos medios de comunicación, que indicaban la existencia -en el ámbito provincial y en particular de la Secretaría General-, de listados del personal del Estado rionegrino contratado
con anterioridad al 10 de diciembre de 2011, donde junto a columnas que indicaban datos como el número de legajo, nombre del agente, área, localidad y tarea en que se desempeñan, figuraban dos columnas finales con los siguientes
títulos "AFILIADO A" (referiéndose a partidos políticos) y RENOVAR en el cual se indica la continuidad del contrato, claramente vinculado o ponderándose su condición de pertenencia política.
Los legisladores de la Concertación expresaron que "esta situación de discriminación política e ideológica, manifiesta en la existencia de 'listas negras', es de una gravedad institucional y política de consecuencias impredecibles". Agregaron que "el sólo hecho de recabar y consignar ese dato de afiliación política representa una grave irregularidad, de corte discriminatorio y de clara confrontación al bloque de legalidad que rige los derechos de los trabajadores".
"Proceder a cesar un contrato y a expulsar a un agente público que cuenta con la protección constitucional, sin que existan constancias objetivas que avalen la evaluación de su idoneidad, de su eficiencia de desempeño y de la persistencia del cargo en la estructura estatal actual, es muchísimo más grave aún al punto de ser pasible de erigirse en una conducta tipificada como abuso de poder", aseguraron.
"Esta situación nos coloca en la obligación de actuar rápida y concretamente, poniendo en funcionamiento aquellas herramientas institucionales que nos brinden la información imprescindible para abordar responsablemente el evento
y adoptar concomitantemente, las demás acciones que consideremos que correspondan para garantizar el pleno ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución Nacional", mencionaron para finalizar.
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